Por Javier Dávalos, líder de Política Climática de The Climate Reality Project América Latina
La COP31, que se desarrolla del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía, llega en un momento complejo para la acción climática internacional. Mientras los impactos del cambio climático se intensifican, las negociaciones enfrentan crecientes tensiones políticas y dificultades para transformar los compromisos asumidos por los países en medidas concretas.
Para América Latina, una de las regiones más vulnerables a la crisis climática, esta conferencia representa una oportunidad para impulsar una agenda que combine la reducción de emisiones, la protección de los ecosistemas y las comunidades que los habitan, a través de una transición energética justa.
Uno de los principales desafíos será dar continuidad a las hojas de ruta presentadas durante la presidencia brasileña de la COP30 para la transición fuera de los combustibles fósiles y detener la deforestación. Ambas iniciativas son especialmente relevantes para una región donde la expansión de las actividades extractivas y la presión sobre los ecosistemas siguen condicionando el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y del Convenio sobre la Biodiversidad.
En materia energética, América Latina enfrenta una contradicción evidente. Mientras los gobiernos asumen compromisos internacionales de reducción de emisiones y obtienen cada vez más energía de fuentes limpias, continúan promoviendo proyectos petroleros y gasíferos, incluido el fracking, y manteniendo subsidios a los combustibles fósiles.
Durante años, el gas fósil ha sido presentado como un combustible de transición. Sin embargo, su expansión puede prolongar la dependencia de infraestructura contaminante y dificultar el cumplimiento de las metas climáticas. Por ello, la COP31 debe facilitar medios para implementar hojas de ruta nacionales con objetivos verificables, plazos definidos y mecanismos que permitan acelerar una transición energética justa, considerando sus impactos sociales y territoriales. Al mismo tiempo, debe obligar a los grandes contaminadores a dar pasos en esta dirección.
Otro desafío es recuperar la credibilidad del sistema multilateral. La influencia de los intereses corporativos, particularmente de la industria fósil, y las limitaciones de un sistema de decisiones basado en el consenso han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la gobernanza climática.
Avanzar hacia mayores estándares de transparencia, prevenir conflictos de interés y revisar los mecanismos de toma de decisiones resulta fundamental para evitar que un número reducido de países bloquee acuerdos respaldados por una amplia mayoría. La cooperación internacional necesita instituciones capaces de responder con la urgencia que exige la crisis.
A ello se suma la importancia de reafirmar el papel de la ciencia. Frente al avance de la desinformación climática, las negociaciones deben sostenerse en la mejor evidencia disponible y mantener el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C como referencia central. También será relevante impulsar nuevos antecedentes científicos sobre las consecuencias de superar temporalmente ese umbral y las trayectorias necesarias para reducir las emisiones.
Para América Latina, estos debates tienen consecuencias directas. La región cuenta con un enorme potencial de energías renovables y una sociedad civil activa en la defensa de los territorios, pero también enfrenta profundas desigualdades y una elevada exposición a los impactos climáticos y de la extracción de minerales. Por eso, cualquier transición debe incorporar justicia social, participación ciudadana y protección de los derechos humanos.
Desde The Climate Reality Project América Latina creemos que el liderazgo climático regional debe reflejarse tanto en las negociaciones internacionales como en las políticas que implementan los gobiernos.
El éxito de la COP31 no debiera medirse únicamente por los acuerdos alcanzados, sino por su capacidad para acelerar transformaciones reales. Abandonar progresivamente los combustibles fósiles, fortalecer la gobernanza climática y situar la ciencia en el centro de las decisiones son pasos indispensables.
América Latina tiene la oportunidad de contribuir a ese proceso. El desafío es que los compromisos asumidos en Antalya no se queden en declaraciones, sino que se traduzcan en acciones concretas.
