Las noticias recientes sobre la aprobación de exploraciones para la fracturación hidráulica (fracking) orientadas a la explotación de gas fósil en el noroeste de México encienden una preocupante señal de alerta para la transición energética de la región.
La entrega de diagnósticos que avalan la exploración mediante fracking en México abre la posibilidad de que se inicien proyectos piloto de extracción no convencional en el norte y noreste del país, específicamente en la cuenca Sabinas-Burro-Picachos (entre Coahuila y Nuevo León) y en la cuenca de Burgos (Tamaulipas).
Lastimosamente, este avance refleja una tendencia regional donde las decisiones de política energética apuntan en la dirección equivocada, sumándose a la expansión de los hidrocarburos no convencionales en Argentina, Colombia y otros puntos de América Latina.
Estas acciones amenazan con romper el dique de contención que la sociedad civil organizada ha sostenido con fuerza durante años, donde mediante litigios y acciones de incidencia ha logrado detener los proyectos de fracking en la región.
La Alianza Mexicana contra el Fracking (una coalición de más de 80 organizaciones de derechos humanos y ambientales) logró visibilizar la gravedad de esta técnica. Su mayor éxito fue presionar para que la prohibición del fracking se convirtiera en un compromiso político explícito de la campaña presidencial. Esto congeló legislativamente los intentos formales de expandir la técnica durante años.
De igual manera, la Alianza Colombia Libre de Fracking consiguió fallos judiciales históricos que mantuvieron suspendidos los proyectos comerciales por la falta de estudios de impacto ambiental y de salud y forzaron un fuerte debate en el Congreso para tramitar una Ley Antifracking para proteger ecosistemas críticos como los páramos.
En Argentina, comunidades originarias como la confederación mapuche de Neuquén lograron interponer recursos de amparo que frenaron autorizaciones de explotación, exigieron consultas previas y denunciaron la ilegalidad del manejo de residuos tóxicos en la Patagonia. Sus movilizaciones lograron que pueblos enteros y municipios se declararan libres de fracking en distintas provincias argentinas.
Desde la campaña de The Climate Reality Project América Latina apoyamos estos esfuerzos y lo decimos con claridad: el gas no es transición, es retraso. Insistir en la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante técnicas tan destructivas como el fracking destruye el presente y vulnera el futuro de las comunidades latinoamericanas.
El sinsentido de derrochar agua en regiones con estrés hídrico
La aprobación de exploraciones en el noroeste de México cobra un matiz aún más crítico al considerar que se trata de una región que ya sufre de un severo estrés hídrico.
El fracking es una actividad intensiva en el uso de agua, requiriendo millones de litros por pozo que quedan irreversiblemente contaminados y fuera del ciclo hidrológico.
Promover proyectos que compitan directamente por el agua con el consumo humano y las actividades agrícolas locales en zonas propensas a sequías extremas es una irresponsabilidad climática y social que agrava la vulnerabilidad de la población ante la crisis climática global.
Activos varados: inversiones que traerán ingresos para pocos y serán inútiles muy pronto
Desde una perspectiva económica, orientar el capital público y privado hacia la infraestructura fósil es una pésima inversión. Construir ductos, plataformas y plantas asociadas al fracking incrementa el riesgo de generar activos varados.
Esta infraestructura costosa perderá su valor económico antes de amortizarse debido a la descarbonización en marcha de la economía global. En lugar de encadenar las finanzas de la región a tecnologías obsoletas, las inversiones deben dirigirse de inmediato hacia soluciones verdaderamente limpias, renovables y compatibles con las metas del Acuerdo de París.
Por una transición energética justa con respeto a los derechos humanos
La resistencia contra el fracking en América Latina ha tenido en las sociedades civiles de Argentina, Colombia y México sus bastiones más fuertes. Sin embargo, las decisiones gubernamentales recientes amenazan con desbordar esa resistencia y perpetuar el modelo extractivista.
Permitir la expansión del fracking representa una violación directa al derecho humano a un medio ambiente sano. Esta técnica implica la inyección de grandes volúmenes de agua mezclada con arenas y sustancias químicas altamente tóxicas a grandes profundidades, lo que pone en riesgo la estabilidad ecológica de regiones enteras.
México y América Latina no pueden darse el lujo de sacrificar su biodiversidad, la calidad de su aire y la salud de sus poblaciones en el altar de una falsa soberanía energética basada en combustibles fósiles que el planeta ya no puede soportar.
La imposición de proyectos de fracking de arriba hacia abajo ignora sistemáticamente la voz de las poblaciones locales, pueblos indígenas y comunidades campesinas que habitan los territorios. Uno de los pilares de la justicia ambiental es el respeto irrestricto a los procesos de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada para las comunidades potencialmente afectadas.
La participación efectiva es una salvaguarda democrática fundamental. Abrir la puerta al fracking sin el consentimiento explícito y real de quienes asumen los impactos directos fractura el tejido social y debilita el estado de derecho.
Necesitamos una transición energética justa que coloque en el centro la protección de las personas, los ecosistemas y la estabilidad del clima. El futuro de América Latina no está en las profundidades de la roca fracturada, sino en el aprovechamiento responsable y soberano de sus abundantes recursos renovables. Es momento de cerrar la puerta al fracking de manera definitiva y acelerar el paso hacia el mañana que el planeta necesita.
