Por Javier Dávalos
La transición energética justa, se abrió pasó en la COP 30 con una oportunidad histórica. Te contamos más en este artículo.
La reciente adopción de un nuevo arreglo institucional para la transición energética justa marca un avance significativo dentro de las negociaciones climáticas internacionales. Este mecanismo, creado en el marco del Programa de Trabajo sobre Transición Justa, funcionará como un espacio articulador para centralizar iniciativas globales, ofrecer asistencia técnica y fortalecer la cooperación internacional. Su mayor logro es que incorpora principios largamente defendidos por organizaciones y movimientos de la sociedad civil latinoamericana: derechos humanos, ambientales y laborales; consentimiento previo, libre e informado; e inclusión de comunidades históricamente marginadas.
Desde 2022, la sociedad civil global venía impulsando esta propuesta bajo el nombre de Mecanismo de Acción de Belém (BAM), con el objetivo de acelerar la transición energética bajo reglas que prioricen la justicia social y eviten reproducir las desigualdades y formas de exclusión propias de la era fósil.
Un mecanismo con potencial, pero aún en construcción
A pesar del avance político, el mecanismo es todavía un marco inicial cuya efectividad dependerá de las decisiones operativas que se adopten en los próximos meses. Entre los aspectos críticos que deberán definirse están:
- la arquitectura de su comité de gobernanza,
- la modalidad de apoyo de la Secretaría,
- el nivel de participación formal de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil,
- y su coordinación con órganos ya existentes dentro de la CMNUCC.
Estas decisiones, previstas para la próxima ronda de negociaciones, determinarán si el mecanismo logra consolidarse como un instrumento robusto de coordinación y cooperación internacional.
Una oportunidad estratégica para América Latina
Desde América Latina y el Caribe, este avance representa una oportunidad clave para posicionar a la región como líder en materia de justicia climática. La transición energética enfrenta tensiones reales: por un lado, la expansión acelerada de energías renovables; por otro, la persistencia del extractivismo en sectores como el litio, el cobre o el gas.
Un mecanismo internacional que reconozca los derechos sociales y ambientales puede fortalecer las demandas regionales, mejorar el acceso a asistencia técnica y acompañar a los países hacia modelos de desarrollo más sostenibles y equitativos.
Para que esto ocurra, los gobiernos latinoamericanos deberán presentar propuestas sólidas y coordinadas, evitando la fragmentación que históricamente ha limitado su influencia en las negociaciones climáticas.
Abordar los desafíos sociales de la transición
La transición energética justa implica mucho más que cambiar la matriz energética: requiere atender las realidades de trabajadores en riesgo de perder sus empleos, de comunidades excluidas de las decisiones climáticas y de gobiernos que buscan romper con la dependencia del extractivismo fósil sin reproducir nuevas desigualdades.
Una oportunidad para fortalecer la justicia climática
El nuevo arreglo institucional es un avance concreto y abre un espacio para establecer reglas claras que guíen la implementación de la transición energética justa. Su éxito dependerá de la capacidad de los países y actores sociales para dotarlo de salvaguardas ambiciosas, mecanismos de gobernanza inclusivos y una agenda de trabajo alineada con las realidades territoriales.
Para América Latina, es un momento estratégico para articular una visión común que garantice una transición basada en la equidad, la participación y la sostenibilidad. Esto implica una salida urgente, ordenada y progresiva de los combustibles fósiles —incluido el gas— y una incorporación justa a las energías limpias. Solo así la región podrá dejar de ser objeto de las decisiones globales y convertirse en un actor clave en la definición de la justicia climática y el rumbo de la transición energética justa.
