Por Verónica Lugo
El tema de Pérdidas y Daños, el costo humano, económico y territorial de los impactos climáticos que ya no pueden evitarse ni revertirse, volvió a ser evadido en la COP30. No por falta de evidencia científica, los datos sobre el aumento del nivel del mar son contundentes, sino porque abordar Pérdidas y Daños significa enfrentar la pregunta que muchos países desarrollados se niegan a responder: ¿quién es responsable de esta crisis y quién debe pagar por ella?
Un silencio que sube con la marea
La COP30, celebrada en Belém, Brasil, concluyó con un acuerdo que para los países vulnerables representa una decepción profunda. La cumbre omitió medidas concretas frente al aumento del nivel del mar, un fenómeno que avanza más rápido de lo previsto y que ya está alterando las condiciones de vida en regiones costeras de América Latina y el Caribe.¹
La omisión tiene consecuencias directas. Mientras las potencias industriales evitan compromisos vinculantes, millones de personas enfrentan pérdidas irreversibles: viviendas que desaparecen bajo el agua, cultivos contaminados por salinidad, migración forzada, erosión de territorios indígenas y desaparición de fuentes de agua dulce. Para estas comunidades —de Belice a Honduras, de México a las islas caribeñas— el aumento del nivel del mar no es una amenaza futura: es una realidad que rompe proyectos de vida.
Eso es lo que llamamos Pérdidas y Daños (PyD): impactos que van más allá de lo que la mitigación o la adaptación pueden evitar.²
El principio que se diluye: Responsabilidad Común pero Diferenciada
El marco de justicia climática internacional está construido sobre un principio claro: Responsabilidad Común Pero Diferenciada (RCBD). Este mandato reconoce que, aunque todos los países deben actuar frente al cambio climático, no todos hicieron el mismo daño ni todos tienen la misma capacidad de respuesta. El Norte Global —responsable de más de 70% de las emisiones históricas acumuladas— debe asumir una obligación mayor.³
Por eso el financiamiento para PyD no es caridad ni cooperación, sino reparación.
Sin embargo, las negociaciones de la COP30 diluyeron este principio. Aunque se formalizó la creación del Fondo de Pérdidas y Daños (FRLD), su documento final contiene una cláusula decisiva:
las contribuciones serán voluntarias y no implicarán responsabilidad legal ni indemnización.⁴
Esta frase, impulsada principalmente por Estados Unidos y otros países industrializados, vacía la RCBD de contenido jurídico y moral. Lo que debía ser una obligación se convierte en un gesto opcional.
La influencia fósil: el bloqueo detrás del bloqueo
La incapacidad de la COP30 para enfrentar el aumento del nivel del mar está directamente relacionada con otro vacío mayor: la falta de un compromiso para eliminar progresivamente los combustibles fósiles.
Según Urgewald y la coalición Kick Big Polluters Out (KBPO), la cumbre en Belém registró un récord de cabilderos fósiles, superando en número a casi todas las delegaciones nacionales.⁵ Esta “captura corporativa” aseguró que cualquier lenguaje que apuntara a la raíz del problema, la quema de petróleo, gas y carbón, fuera suavizado o eliminado.
Sin ambición en mitigación, las Pérdidas y Daños seguirán aumentando, y lo harán de forma irreversible, especialmente para los pequeños Estados insulares y las comunidades costeras del Sur Global.
Las demandas del Sur Global: reparación y no caridad
Mientras los países desarrollados negociaban tecnicismos sobre responsabilidad legal, las necesidades de financiamiento aumentaban. Organizaciones de América Latina como La Ruta del Clima insisten en un principio fundamental:
“Reparar las Pérdidas y Daños es una obligación estatal.”⁶
Además, advierten que el financiamiento debe incluir daños no económicos, como:
- pérdida de biodiversidad,
- destrucción de patrimonio cultural,
- ruptura de la cohesión comunitaria,
- desaparición de territorios ancestrales.
Estos elementos, aunque difíciles de cuantificar, son esenciales para la resiliencia y continuidad de los pueblos del Sur Global.
¿Quién paga la factura climática?
La COP30 dejó claro que, aunque el Fondo de PyD existe en papel, carece del respaldo político y financiero necesario para funcionar. El modelo voluntario favorece a quienes tienen más responsabilidad histórica y más capacidad económica, permitiéndoles seguir postergando su obligación moral.
Mientras tanto, las comunidades vulnerables continúan pagando con territorios, salud, cultura y vidas. El Norte Global sigue enviando un mensaje inequívoco: sus beneficios económicos inmediatos pesan más que la supervivencia de millones.
Para que el FRLD se convierta en una herramienta real de justicia climática, es necesario:
- Restituir la RCBD como principio operativo.
- Establecer aportaciones obligatorias, predecibles y adecuadas.
- Integrar los daños no económicos y las pérdidas culturales en los mecanismos de reparación.
- Acordar una eliminación gradual de los combustibles fósiles, condición indispensable para evitar que los costos sigan aumentando.
- Garantizar un proceso libre de conflictos de interés que limite la influencia de la industria fósil.
El tiempo se agota. Sin un cambio estructural en la arquitectura financiera climática, la factura —ya impagable para muchos países vulnerables— seguirá creciendo. Las futuras COP deberán decidir si sostienen un sistema internacional basado en la evasión o si construyen uno basado en la justicia, la reparación y la responsabilidad histórica.
Notas y fuentes
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), Sexto Informe de Evaluación, 2021–2023.1
CMNUCC. “Loss and Damage: Technical Guides and Definitions.”2
Global Carbon Project. “Historical Emissions Dataset.”3
Documento final de la COP30 sobre el Fondo de Pérdidas y Daños (FRLD), sección de gobernanza y carácter no litigioso.4
Urgewald & KBPO. “Fossil Fuel Lobby Presence at COP30 — Report 2025.”5
La Ruta del Clima. “Análisis Regional sobre Pérdidas y Daños y Obligaciones Estatales.”6
