Por Verónica Lugo
Lo bueno, lo malo, lo peor.
La primera semana de la COP30 en Belém dejó al descubierto un escenario tan decisivo como tenso. Con el planeta acercándose a un nuevo récord de emisiones y la meta de 1.5°C en riesgo real, las negociaciones se movieron entre llamados urgentes a abandonar los combustibles fósiles y una profunda parálisis política sobre cómo —y quién debe pagar— la transición. La agenda estuvo marcada por tres fuerzas que chocaron de frente: la exigencia global de una transición justa, el estancamiento financiero que bloquea toda ambición y la creciente influencia corporativa en un proceso que debería responder a la ciencia. Este resumen recoge lo bueno, lo malo y lo peor de una semana que definirá el rumbo del resto de la cumbre.
LO BUENO
La transición justa lidera la agenda de la COP30
La cumbre de Belém arrancó bajo una inmensa presión política: o el mundo decide frenar la explotación de combustibles fósiles, o la meta climática de 1.5°C queda sepultada. La primera semana ha sido el escenario del gran pulso entre los países que exigen el fin de esta era contaminante y aquellos que temen el impacto económico del cambio. Este conflicto se intensificó con la noticia demoledora de que las emisiones globales están a punto de marcar un récord histórico, evidenciando el fracaso de la diplomacia hasta la fecha y obligando a los negociadores a buscar una hoja de ruta clara y con plazos definidos.
En este contexto de alta tensión, la batalla por la financiación se ha librado en términos técnicos. El principal desafío es acordar la Nueva Meta Cuantificada Colectiva (NCQG), que es el mecanismo que definirá el volumen de dinero que los países ricos deberán entregar a partir de 2025. Los países en desarrollo exigen cifras que rondan los $1.3 billones de dólares (es decir, 1.3 millones de millones de dólares) para 2035, buscando saldar una deuda histórica. Por ello, también se puso gran presión sobre la operacionalización del Fondo de Pérdidas y Daños, exigiendo que las contribuciones sean sustanciales y no solo promesas voluntarias.
Finalmente, la justicia social se afirmó como el marco ético indispensable para todos estos acuerdos. El Mecanismo de Acción de Belém (BAM), impulsado por sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, se convirtió en la herramienta política para obligar a los negociadores a entregar una Transición Justa. El mensaje es contundente: no puede haber transición sin equidad, asegurando que el fin de los combustibles fósiles venga con protección laboral y que el costo del cambio no recaiga en los más vulnerables.
LO MALO
El bloqueo financiero y la deuda climática sin pagar
El dinero es el verdadero corazón del bloqueo político en Belém. La primera semana se centró en el gran pulso entre los países ricos y el Sur Global sobre quién debe pagar la factura de la transición y del daño climático histórico. Las naciones desarrolladas, que son las mayores contaminadoras históricas, se niegan a poner sobre la mesa la financiación que los países en desarrollo necesitan para actuar.
La exigencia política clave es establecer la Nueva Meta Cuantificada (NCQG), que reemplazará el objetivo fallido de los 100 mil millones de dólares. Se exigen cifras que rondan los 1.3 billones de dólares (1,300 millones de dólares) anuales. Además, se reclama que el Fondo de Pérdidas y Daños, creado para atender los desastres irreversibles, sea operacionalizado de inmediato con contribuciones sustanciales y justas.
El mensaje es directo y sin concesiones: la acción no es gratuita. La cumbre no puede avanzar en la ambición climática sin antes resolver la crisis de confianza generada por los compromisos financieros incumplidos. El tiempo de las promesas ha terminado; es hora de pagar la deuda climática.
Adaptación: la brecha financiera bloquea la supervivencia de los más vulnerables.
La primera semana de la cumbre dejó claro que la Adaptación —la capacidad de las comunidades para sobrevivir a los impactos que ya están aquí— es la cara más urgente y vulnerable de la crisis. Si bien muchos países presentaron avances en sus Planes Nacionales de Adaptación (PNAs), el gran problema sigue siendo el mismo: la Adaptación está rezagada porque no hay suficiente financiamiento para que los países más afectados puedan protegerse.
La presión política se concentra en establecer la Meta Global de Adaptación (GGA), el marco técnico que debe definir qué significa la supervivencia. Paralelamente, la demanda clave es triplicar los fondos destinados a este tema hacia 2030. Sin embargo, el pulso es férreo: suena bien, pero aún no hay acuerdos sobre cómo se va a pagar ni cómo se garantizará que ese dinero llegue de forma justa, sin endeudar aún más a los países que ya sufren.
La brecha entre lo que se necesita y lo que se está haciendo sigue siendo enorme. Hay conciencia, e incluso avances sectoriales (como el Plan de Adaptación en Salud), pero sin recursos reales y sin acuerdos sobre un mecanismo de pago justo, la Adaptación es un mandato político sin presupuesto que condena a las comunidades más vulnerables a enfrentar la crisis solas.
Dejar de hablar y empezar a implementar
La primera semana confirmó la gigantesca brecha política entre la retórica climática y la implementación real de los acuerdos. Para mantener viva la meta del 1.5°C , el mundo necesita urgentemente un plan que reduzca las emisiones, pero el “cómo se hace” está bloqueado. Los países productores se niegan a firmar una hoja de ruta obligatoria para el abandono del petróleo y gas, una maniobra que detiene el avance de toda la cumbre.
La presión para que se actúe es ineludible. Este impasse es aún más grave porque el fracaso en resolver el pulso por los fósiles pone en riesgo el éxito de las NDCs 2035. Estas Contribuciones Nacionales son los planes de acción que los gobiernos deben presentar este mismo año. Si la COP30 no entrega un mandato claro y ambicioso, los gobiernos no tendrán la obligación política de crear planes alineados con e 1.5°C.
El mensaje político es que la implementación no puede ser opcional. La cumbre está obligada a dejar de lado la retórica y acordar un calendario vinculante. Los gobiernos deben asumir la responsabilidad de transformar sus promesas en recortes reales y verificables, utilizando la ambición de las NDCs 2035 como prueba final de su compromiso.
LO PEOR
Presencia de los lobistas fósiles
Más de 1,600 lobistas de combustibles fósiles tuvieron acceso a las negociaciones durante la primera semana de la COP30 en Belém do Pará, Brasil. De cada 25 participantes, uno era representante de los lobbistas fósiles. Esto quiere decir que en proporción, la presencia de los lobbistas fósiles fue la más alta jamás registrada, superando a la de casi todas las delegaciones nacionales y eclipsando especialmente a los países más vulnerables al clima.
Muchas acreditaciones de los fósiles provienen de asociaciones comerciales y el acceso otorgado por delegaciones gubernamentales, incluyendo Francia, Japón y Noruega.
Organizaciones de la coalición Kick Big Polluters Out denuncian que esta influencia corporativa socava el objetivo de una COP centrada en la implementación del Acuerdo de París y en la justicia climática, especialmente en un año marcado por desastres extremos y la expansión de nuevos proyectos de petróleo y gas.
La coalición Kick Big Polluters Out denunció que en esta cifra se incluyen representantes de gigantes como ExxonMobil, Chevron, Shell y TotalEnergies, muchos de los cuales obtuvieron acceso a través de asociaciones comerciales o incluso delegaciones gubernamentales (incluyendo Francia, Japón y Noruega). Esta influencia corporativa socava el objetivo de una COP centrada en la justicia climática.
El rechazo a esta influencia se materializó en los premios satíricos “Fósil del Día” de CAN, que señalaron la ausencia política de países clave como Estados Unidos, criticaron las políticas permisivas en metano de naciones como Nueva Zelanda y apuntaron al bloque de países ricos (G7) por su constante bloqueo en las negociaciones de financiación climática.
Pese a nuevos requisitos de transparencia para actores no gubernamentales, al menos 164 lobistas entran con acreditaciones gubernamentales, lo que mantiene abierta la puerta a la captura corporativa del proceso climático.
La ciencia es ignorada en las negociaciones de la COP 30 durante la primera semana
El Balance Global (GST) no fue un informe nuevo en Belém, sino la prueba de fallas más potente sobre la que se construyó toda la cumbre. Durante la Semana 1, su principal rol fue presionar a los negociadores a superar la retórica e integrar sus hallazgos en las nuevas decisiones.
La crítica política es que la diplomacia falló: aunque el GST exige urgentemente el abandono de los fósiles, las negociaciones se estancaron en el pulso político sobre la hoja de ruta. Esta falta de acción en el tema más importante del GST compromete la ambición de los próximos planes nacionales (NDCs 2035).
El mandato del GST es que el mundo actúe. El fracaso de la Semana 1 en el tema de los combustibles fósiles es, políticamente, el fracaso de la diplomacia para implementar la orden científica del GST. Es decir, se tienen las pruebas del incendio, pero se discute sobre qué tipo de manguera usar.
